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Millonario crédito para tren eléctrico divide a diputados

  El millonario crédito internacional para financiar el Proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como tren eléctrico, divide ...

 


El millonario crédito internacional para financiar el Proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como tren eléctrico, divide a los diputados en momentos en que se acerca a un plazo decisivo para su futuro en la Asamblea Legislativa.

 

Los legisladores de la Comisión Especial de Infraestructura del Congreso, que tramita el expediente, tienen como plazo el próximo 1° de noviembre para hacerle cambios al texto y dictaminarlo, afirmativa o negativamente. Después de esa fecha, el proyecto de ley no podrá ser modificado.

 

Así lo explicó la congresista Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese órgano legislativo, quien explicó que, según el Reglamento de la Asamblea Legislativa, después de esa fecha no se le podrán hacer enmiendas al texto.

 

“El crédito no vence. Eso es importante que lo tenga claro la ciudadanía. El crédito no tiene vencimiento. No hay una fecha límite para que el país decida utilizarlo”, dijo Valladares.

 

A pesar de que se acerca la fecha límite para introducirle modificaciones al contrato de préstamo por $550 millones, los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura están divididos con respecto a la conveniencia o no de que continúe su trámite hacia el Plenario Legislativo.

 

De los 9 diputados que integran esa comisión, al menos 4 votarían en contra del crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según consultas hechas por CRHoy.

 

Ellos son Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), Carmen Chan y Marolin Azofeifa, del bloque independiente Nueva República, y el independiente Dragos Dolanescu, quienes mantienen dudas sobre el proyecto de ley.

 

Este último congresista reiteró que desde un principio ha estado en contra de aprobar el préstamo para el tren eléctrico que impulsa el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la primera dama, Claudia Dobles.

 

“Este capricho de este gobierno de dejar el país comprometido con un proyecto de tren eléctrico con tantas dudas en las gestiones hasta ahora es algo que me preocupa. Yo no estoy en contra de buscar soluciones de movilidad para los habitantes de la Gran Área Metropolitana, pero no una solución con estudios de factibilidad deficientes, un costo altísimo para el país, un subsidio de $160 millones, por parte del Estado, que nos lo van a sacar de la bolsa a punta de impuestos hasta por 35 años y que solo va a llegar a un 3% de la ciudadanía, y con condiciones de movilidad que han cambiado por la pandemia. Mi voto desde un inicio ha sido no a este proyecto y sigue siendo no”, declaró Dolanescu.

 

En contraposición, los diputados Luis Ramón Carranza, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), y María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apoyarían el polémico empréstito.

 

“Como en todos los proyectos que he votado, siempre mi posición ha sido analizada de acuerdo con el interés común y el beneficio de la ciudadanía. El proyecto del tren eléctrico no es la excepción, por lo que continuamos en los procesos de análisis en aras de tomar el criterio más responsable para el futuro del país”, sostuvo Monge.



La postura que adopte la representación de la bancada legislativa del PLN en la comisión será clave para inclinar la balanza a favor o en contra del crédito.

 

Liberación tiene tres diputados en la Comisión Especial de Infraestructura: Paola Valladares, David Gourzong y Luis Fernando Chacón.

 

Si deciden apoyarlo, la votación podría quedar 5 a favor y 4 en contra. En caso de que no lo respalden, la votación quedaría 7 en contra y 2 a favor.

 

El punto es que, a pesar de que mantienen dudas sobre el proyecto, no han definido una posición clara.

 

“Liberación Nacional aún no toma la decisión como fracción o partido en si avanza o no con el tema del crédito. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que tampoco estamos en la posición de cerrar las oportunidades para que Costa Rica viva de una mejor manera. Todavía es un tema de análisis que debatiremos a lo interno de la fracción”, dijo Valladares.

 

Chacón, por su parte, aseguró que el proyecto del tren eléctrico es un requerimiento que el país, tarde o temprano, debe resolver.

 

“Pero seguimos teniendo dudas sobre el alcance, el contenido y los procedimientos que conlleva el actual proyecto del tren. Consideramos que podemos hacer lo mismo con menos dinero. Hay otras opciones que podríamos analizar, incluyendo las que se valoraron en el gobierno de doña Laura Chinchilla”, expresó.

 

Una de esas dudas es que el proyecto del tren eléctrico tenía un costo de $600 millones en la administración Chinchilla Miranda y ahora es de $1.550 millones.

 

El pasado 22 de setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de numerosas debilidades y deficiencias del proyecto del tren eléctrico.

 

A pesar de ello, la intención del Gobierno es que quede adjudicado antes del 8 de mayo de 2022, fecha en la que concluirá el mandato de Alvarado.

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