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Alvarado declaró interés público del tren pese a conocer auditoría llena de cuestionamientos al proyecto

  Carlos Alvarado, presidente de la República y Rodolfo Méndez Mata, durante una actividad en 2018. Ambos firmaron declaratoria de interés...

 


Carlos Alvarado, presidente de la República y Rodolfo Méndez Mata, durante una actividad en 2018. Ambos firmaron declaratoria de interés público del TRP después de enterarse de múltiples falencias que detecto la Contraloría en el proyecto. (Foto: Archivo CRH)

 

El presidente de la República, Carlos Alvarado, emitió el decreto que  declaró de interés público el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) un día después de que el Gobierno fuera notificado de la auditoría especial en la que la Contraloría General de la República (CGR) encontró serias falencias en el plan.

 

La CGR indicó en su informe que los resultados de la valoración de las observaciones de la auditoría fueron comunicados a la Administración mediante cuatro oficios, el 22 de septiembre pasado.

 

En tanto que la Presidencia de la República emitió un comunicado de prensa el día 23 en el que indicó que, por la tarde de ese jueves, Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, firmaron el decreto ejecutivo que declaró de interés público el proyecto.

 

Los argumentos del Gobierno para tomar esa decisión son que el TRP o Tren Eléctrico reduciría los tiempos de viajes de las personas, lo haría de una forma segura, con energías limpias, y por su potencial para generar empleo y reactivar la economía.

 

El decreto ejecutivo es el N.º 43051-MOPT y define el TRP como un proyecto prioritario para la administración pública.

 

La declaratoria permitirá que se avance más rápido en varios trámites y requisitos que establecen las leyes para el desarrollo de proyectos de concesión de obra pública.

 

Además, la declaratoria salió acompañada de una solicitud de la Presidencia de la República a las instituciones públicas de la Administración Central que están vinculadas con la ejecución del proyecto para que atiendan las etapas del TRP con la atención que requiere una planificación priorizada por la administración.

Anuncian ofensiva

 

El viernes 24 de septiembre la primera dama y propulsora del TRP, Claudia Dobles, reveló a CRHoy.com que el Gobierno prepara una ofensiva para que los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa no dejen fenecer el proyecto de ley que contiene un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $550 millones para financiar la construcción del proyecto.

 

Esa Comisión debe dictaminar el proyecto a más tardar el 1.º de noviembre entrante para que la iniciativa continúe con su proceso legislativo. En caso contrario, el crédito se archivará.

 

Después, el mismo viernes, el presidente Alvarado confirmó que la propuesta recibirá un acompañamiento prioritario en el Parlamento por parte de su gobierno con el objetivo de que logre superar la etapa del estudio en comisión. El costo total del proyecto es de unos $1.550 millones.

 

El Gobierno pretende adjudicar su construcción antes de terminar funciones, el 8 de mayo del 2022.

 

¿Qué dice la auditoría?

 

En su auditoría, la CGR señaló múltiples debilidades y deficiencias en la planificación del TRP, por ejemplo, la entidad indicó que hubo debilidades durante la fase de preinversión del proyecto, que se inobservó el orden lógico y sucesivo de las etapas de preinversión, que existen debilidades de coordinación entre el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como que hay una indefinición sobre los avales y los cambios de alcance del proyecto.

 

El proyecto del TRP, en sus 5 etapas propuestas, requiere una inversión de $1.553 millones, Carlos Alvarado defiende la iniciativa a capa y espada. (Fotomontaje: CRH)

 

También, la Contraloría detectó debilidades en la planificación de la fase de estructuración y en el análisis de riesgos fiscales.

 

Entre ese último grupo de señalamientos, la CGR incluyó que, al momento de emitirse la autorización del Ministerio de Hacienda para que el Gobierno adquiriera los créditos para financiar el proyecto no se contó con un análisis preliminar que determinara los límites permisibles fiscales que podría asumir el Estado durante el periodo de la Concesión.

 

Además, determinó que la propuesta general de financiamiento que estipula el Gobierno no tiene una valoración previa de carácter fiscal, a pesar de la magnitud del proyecto.

 

“Al margen del contrato de crédito resulta importante no sólo contar con escenarios que permitan cuantificar los montos adicionales que el Estado deberá aportar al proyecto, sino también identificar la fuente de ingresos que los financiará, dada la situación fiscal que afronta el país, con el fin de evitar obligaciones futuras para las cuáles no se tenga una fuente de financiamiento plenamente identificada”, recalcó la CGR.

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